Trujillo se levantó ayer contra la delincuencia, en un paro que hoy debe extenderse a Lima y otras ciudades del país. Lo que comenzó con el transporte público como principal fuerza de este reclamo, ha sumado a otros gremios, comerciantes y universitarios, quienes unidos señalan a las autoridades nacionales, regionales y locales por su desidia e incapacidad para enfrentar el alarmante aumento de la criminalidad.
La jornada de protesta es un reflejo de un hartazgo que ha venido creciendo en todo el país. En las últimas semanas, el aumento de extorsiones y sicariato ha alcanzado niveles insoportables, afectando a sectores clave como el transporte, cuya labor se ha vuelto casi imposible en un entorno donde la seguridad parece ser una promesa vacía. Es fundamental que estas protestas se desarrollen de manera pacífica. No obstante, existe el riesgo de que algunos grupos extremistas intenten aprovechar esta coyuntura para sembrar el caos y, desde las cenizas, tratar de imponer su propia agenda. La violencia no es el camino y cualquier desvío hacia el desorden solo agravaría la situación que ya es crítica.
En este escenario, las promesas y buenas intenciones del gobierno de Dina Boluarte se ven desbordadas por la cruda realidad que enfrentan los ciudadanos. El triunfalismo y la desconexión con las verdaderas necesidades de la población solo alimentan el descontento y la desconfianza.
