Desde hace varias semanas, el Poder Ejecutivo se esfuerza en anunciar la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), y el nacimiento de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), lo cual está muy bien, al menos en el papel, si se tiene en cuenta que el sistema carcelario ha fracasado desde hace muchos años y es la madre de muchos de los delitos que se cometen en el país, en especial extorsiones, secuestros, atracos y hasta asesinatos con el uso de sicarios.

Sin embargo, si solo se trata de un cosmético cambio de nombre, sin que la supuesta reforma puesta en marcha por el gobierno interino de José Jerí implique ir más allá, es decir, a atacar los graves problemas de las cárceles como son la corrupción de sus autoridades, el hacinamiento, la falta de infraestructura y la facilidad con que se cometen delitos desde adentro, mejor dejen las cosas como están antes de engañar a los peruanos, como tantas otras veces.

El jefe de Estado ha reiterado hace dos días, a través del podcast Siempre a las Ocho, de El Comercio, que la desaparición del Inpe y la puesta en marcha de la Sunir correrá desde enero del 2026. De hecho veo buenas intenciones y ganas de hacer las cosas de parte del presidente Jerí. Ojalá todo esto pudiera traducirse a la brevedad en la reducción de las cifras de criminalidad y sobre todo de asesinatos, aunque lo dudo. La corrupción, el hacinamiento, la falta de penales y el desgobierno, no se arreglan en mes y medio.

Hace muy poco, en la administración de la vacada Dina Boluarte, ante los escándalos de corrupción del programa de alimentación escolar Qali Warma, que tienen un muerto de por medio, nos vendieron el cuento de que cambiándole de nombre a Wasi Mikuna, la situación iba a mejorar. No pasó ni una semana y el reparto de comida en mal estado para los niños más pobres continuaba como si nada. Situaciones como estas, en que es evidente el engaño, no hacen más que indignar al ciudadano y que repudie a sus autoridades y a las instituciones.

El problema carcelario es grave. Son décadas en que a lo largo de sucesivos gobiernos se ha dejado crecer una situación que debió ser atendida hace mucho. Son años en que no se han construido ni ampliado los penales a pesar de que la ola de criminalidad ha ido en ascenso, en especial en los últimos 20 años. De otro lado, no se ha usado la tecnología disponible para luchar contra la corrupción y los delitos cometidos a través de teléfonos celulares. Estamos como en los años 80 y hay mucho por hacer.