Durante los próximos días, el foco de los actores económicos estará en la decisión que tome el Ejecutivo respecto a la licencia del uso del agua superficial que se otorgó al proyecto minero Quellaveco pues, dependiendo del resultado, esta demostrará si el gobierno de Pedro Castillo quiere impulsar la inversión extranjera, tal y como lo pregona en cada foro internacional donde participa, o si sigue defendiendo la bandera pseudoambientalista y anti inversiones que levantó durante la campaña.
El problema es que solo la revisión de esta licencia, que fue otorgada a través de un proceso de varios niveles donde primó la transparencia, ya es mensaje que causa alerta en las empresas que aún buscan invertir en el país y que necesitan predictibilidad, que se les garantice que si cumplen los procesos, estos no van a ser observados por el capricho de unos pocos o por presión política.
Para nadie es un secreto que el país necesita inversiones y que Quellaveco es uno de los proyectos mineros más grandes del Perú, que ampliará la producción nacional de cobre y traerá grandes beneficios económicos al país.
Si el gobierno decide desconocer sus propios procesos y cuestionar las decisiones de sus organismos de control, la imagen del país ante los inversionistas quedará gravemente dañada y será bastante difícil volver a recuperarla.
