La crisis del sistema de justicia demanda una profunda reflexión. La legalidad y el derecho, pilares de la justicia, ven socavados sus cimientos. Para comprender la magnitud de esta problemática es necesario analizar la anulación del juicio por el caso Cócteles. Revisar principios como la supremacía constitucional, la vigencia de los derechos fundamentales y el debido proceso es imperativo en este contexto.
La judicialización de la política revela una descomposición del sistema de justicia. Si bien fiscales y jueces tienen roles definidos —el fiscal acusa basándose en la legalidad, mientras que el juez debe actuar con imparcialidad—, en la práctica, estos principios se han distorsionado. A esto se suman indicios de la influencia de un «titiritero» que manipula los procesos con fines políticos.
¿Cuál es la responsabilidad de fiscales y jueces en esta crisis? ¿Es justo someter a un ciudadano a largos procesos que truncan proyectos de vida y afectan su salud? ¿Quién asume el costo económico y social de estos procesos que se prolongan por años?
El control ciudadano y la rendición de cuentas son herramientas fundamentales para enfrentar esta realidad. Los ciudadanos tienen el derecho de fiscalizar al Poder Judicial y exigir que los funcionarios informen de manera transparente sobre el uso de los recursos públicos.
La reforma de este sistema debe ser una prioridad en la agenda política. Se requieren medidas contundentes e integrales para superar esta coyuntura. Este tipo de dictadura es una de las tiranías más opresivas y difíciles de superar. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
