Hace unos días, fui llamado para asistir a un detenido que había sufrido un accidente de tránsito. El caso era sencillo porque, además de tener todos los documentos en regla y conducir con observancia de las reglas de tránsito, el accidente fue presenciado por dos policías que patrullaban la zona, quienes vieron cómo el chofer de la motocicleta que conducía delante del vehículo de mi patrocinado, detuvo la marcha de manera intempestiva y pretendió hacer un giro ilegal para ingresar al carril contrario, siendo impactado por el vehículo mayor.
Ante el hecho, la reacción consciente de mi patrocinado fue asistir al motociclista: con ayuda de los policías, el herido fue trasladado al hospital más cercano, en donde se le diagnosticó fractura de tobillo. Lamentablemente, dicha persona no contaba con la documentación del vehículo ni menos con SOAT, hecho que complicó su situación pues su atención médica estaba condicionada al pago efectivo del servicio de emergencia.
Esto no fue lo peor: mi patrocinado, pese a contar con toda su documentación, haber cumplido con su deber de asistir al herido, encontrarse laborando –es chofer de una empresa y en el momento del accidente llevaba producto en su vehículo- y no haber estado bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente, fue retenido 24 horas sin justificación por orden del fiscal de turno, postergándose las diligencias urgentes hasta el siguiente día debido a que el representante del Ministerio Público estaba ocupado.
Me pregunto: ¿Es eso correcto? ¿Deben pagar justos por pecadores? ¿Para qué sirve la dogmática penal que nos habla de la autopuesta en peligro de la víctima si los fiscales no van a tener la suficiente autoridad para proscribir una injusticia a todas luces evidente? Me parece que la política criminal, al menos en este aspecto, tendrá que encaminarse a aplicar medidas más drásticas como la que el Congreso ha aprobado hace algunos días: si algún conductor sufre lesiones en algún accidente y no tiene sus documentos en regla, dicho hecho no debe acarrear la detención de quien sí cumple con respetar la ley. Queda abierto el debate.
