Después de atravesar un periodo tumultuoso del cual aún no hemos salido por completo, donde se proponía la redacción de una nueva Constitución impulsada por grupos violentistas y de extrema izquierda, es imperativo reflexionar sobre la dirección que tomamos como sociedad.

La doctrina destaca que los momentos constituyentes representan fases de cambios significativos en la estructura política, legal e institucional del país. Además, son espacios democráticos en los cuales la sociedad tiene la oportunidad de contemplar sus valores, aspiraciones y el futuro de la nación.

Es evidente que aún falta ajustar y dotar a nuestra Carta Magna de precisiones que prevengan la repetición de situaciones similares a las vividas anteriormente.

En el dictamen aprobado sobre el retorno a la bicameralidad, se propone que el Senado asuma varias de las funciones de control del actual Congreso. La elección de los miembros de los organismos constitucionalmente autónomos es crucial para equilibrar el peso de los poderes del Estado. No obstante, entre otras, en el caso del Tribunal Constitucional no está explícito que el Senado pueda remover, por falta grave, a los miembros de este órgano. En otras palabras, se elige, pero no se establece la facultad de destituir.

Otro aspecto relevante es el relacionado con el régimen de excepción. Se concede al presidente la facultad de declarar estados de emergencia sin consulta previa. Sin embargo, al adoptarse una medida tan excepcional, debería, en paralelo, activarse un mecanismo igualmente “excepcional” para gestionar estas emergencias. Como se evidenció con el COVID-19, Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia nacional y gestionó la crisis sin considerar al Consejo de Defensa Nacional. Es decir, si se declara una situación excepcional, la gestión debe recaer en un mecanismo de naturaleza excepcional que facilite la eficiencia y eficacia de la respuesta gubernamental, pero también para el control de estas.

Es valioso que las reformas se impulsen desde la orilla democrática, pero estas deben fortalecer el rol de la Constitución, evitando dejar espacios para interpretaciones subjetivas de opinólogos, expertos o notables adeptos a los gobiernos de turno. Aprendamos de las situaciones vividas para construir un marco constitucional sólido y resiliente.