Responsabilidad en caso Onagi

La humalista Dacia Escalante ha sido separada de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi). Sin embargo, muy mal haría la oposición y el propio oficialismo en dejar las cosas ahí, como si en este caso no hubieran suficientes indicios de diversos delitos en la administración pública que deben ser investigados, a fin de que se apliquen las sanciones en caso sea necesario.

El alejamiento de la señora Escalante, quien se ha ido acusando a los medios de haber hecho una campaña en su contra, no debe de hacerle olvidar a los peruanos y a las autoridades competentes de las dudas sobre el uso proselitista de los gobernadores, del disponer de recursos para "fines sociales" y de un aparente pago irregular de vacaciones que no son invento de ningún periódico.

Este asunto está siendo visto en el Congreso, donde con toda seguridad poco o nada se podrá hacer. Pero por qué no exigir la intervención del Ministerio Público, ahora que el Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien asumirá funciones en las próximas horas, ha dicho públicamente que no le temblará la mano para hacer frente a casos de corrupción en este gobierno.

El caso protagonizado por la señora Escalante no puede quedar sin una minuciosa investigación, porque ella ya se alejó del cargo. Si hubo delitos, estos deben ser sancionados, pues eso de la persecución de la prensa es algo que quizá solo se lo crea la propia exfuncionaria, o quienes la han mantenido en el cargo desde el 2011 y han tratado de blindarla en el último mes, pese al escándalo.