“Nos resulta inconcebible que un gobernante constitucionalmente electo pretenda sostener una narrativa dirigida a apoyar a un golpista y corrupto”, dijo ayer Gustavo Adrianzén, representante permanente del Perú ante la OEA, en una sesión plenaria de esta institución. Fue una reacción contundente ante las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, abogando por el expresidente peruano Pedro Castillo, quien a punta de delirantes justificaciones y con un claro afán de victimizarlo insiste en viciar la atmósfera del Gobierno de Dina Boluarte. Más allá de puntos de vista o análisis exagerados, lo que se escucha a menudo son perversos argumentos en contra de un régimen legítimamente constituido.
La respuesta de Gustavo Adrianzén ha sido una decisión firme ante los defensores de golpistas, a quienes no les interesa el estado de derecho de un país soberano. Solo les importa la afinidad ideológica.
Lo de Pedro Castillo es indefendible. Y no solo por su aventura para romper el orden constitucional y una carrera sin sentido contra el sistema democrático, sino también por su incapacidad como jefe de Estado y por las claras señales de corrupción de su Gobierno.
Las constantes injerencias en nuestros asuntos internos de parte de algunos presidentes latinoamericanos deben ser respondidas con dureza, pero con mucha serenidad y con la ley en la mano.
