El último jueves la presidenta Dina Boluarte dijo en Pichanaki: “¿Quiénes han matado a nuestros hermanos?, fueron ellos mismos”. Se refería a los más de 60 fallecidos por las protestas contra su gobierno a fines del 2022 e inicios del 2023 y completó señalando: “El asesino está bien preso en la Diroes, que él responda por las muertes”, añadió en alusión a Pedro Castillo.
Son afirmaciones temerarias, acusa sin que ninguna investigación las corrobore, sin prueba alguna y, por el contrario, se contradice abiertamente con las conclusiones de los informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, que sostienen que tales muertes fueron resultado de disparos de armas de guerra por parte de las fuerzas armadas y policiales peruanas.
Los efectivos que dispararon y mataron, actuaron bajo órdenes indicando que enfrentaban a “miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso”. Los verdaderos responsables son quienes dieron estas órdenes, desde los jefes operativos policiales y militares hasta la presidenta del Perú.
Las declaraciones oficiales de la presidenta no pueden ser resultado de estados emocionales ni exabruptos. Sin embargo, la señora Boluarte ha efectuado reiteradas declaraciones con afirmaciones temerarias.
Son afirmaciones que socavan principios democráticos como la comentada y sin pruebas fehacientes obligan a la asunción de sus responsabilidades por parte de los ministros correspondientes, poniendo su cargo a disposición. Lástima que a la presidencia no se le puede achacar responsabilidad política para renunciar.
