El Perú acaba de completar el primer cuarto del siglo XXI y el balance político parece una broma de mal gusto. Doce presidentes en veinticinco años: una cifra que no habla de pluralismo, sino de vértigo. Desde el 2000, el país vive en modo ensayo y error, con mandatarios que duran, en promedio, dos años. Siete de ellos terminaron presos o con pedidos de prisión. No es mala suerte: es un patrón. El poder fue para muchos un botín, no un servicio; una colección de prebendas y privilegios, no un compromiso con principios ni con la gente a la que juraron servir.
¿Se puede cambiar esta tragicomedia institucional? Sí. Pero no con lamentos ni resignación. El próximo año habrá elecciones generales y, según el JNE, nada menos que 36 fórmulas presidenciales competirán por el sillón de Pizarro. Una oferta abundante que no garantiza calidad. La tarea ciudadana no es elegir al menos malo, sino apostar por un liderazgo capaz de unir un país fracturado, de entender que sin inversiones no hay obras, y sin obras no se cierran las brechas en salud, educación y transporte. Gobernar no es improvisar: es planificar.
El país necesita, además, un presidente que comprenda que el empleo no se decreta y que los ingresos de las familias no crecen con discursos. Se requiere promover producción, generar trabajo y enfrentar de verdad a la criminalidad que hoy dicta reglas en demasiados territorios. Derrotar la delincuencia no es un slogan: es una condición básica para el desarrollo. Sin seguridad, todo lo demás es verso.
Paradójicamente, en medio de esta inestabilidad crónica, el Perú tiene un Banco Central de Reserva (BCR) que funciona. Independiente, técnico y serio. Gracias a él, el país mantiene una de las inflaciones más bajas de la región, crecimiento aceptable, buenas exportaciones y una inversión privada que resiste incluso a gobiernos mediocres. Ahora imagínese el escenario completo: un Estado con un gobierno proactivo, honesto y capaz, a la altura de su propio BCR. El Perú no solo dejaría de tropezar; empezaría, por fin, a despegar.
