¿Se encuentra Keiko presa o secuestrada?

La resolución expedida por la Segunda Sala Penal Nacional que confirmó la resolución del juez Concepción Carhuancho que, a su vez, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, nos puede llevar a admitir como incuestionable la primera de las opciones. Sin embargo, cuando leemos detenidamente el contenido de sus 116 páginas, y el clima político en el que le tocó resolver a dicho colegiado, podemos colegir que su real situación es la de secuestrada.

Sí. Secuestrada por un entramado político tejido por quienes, enarbolando falazmente la lucha contra la corrupción, han conseguido concentrar toda la atención mediática en la investigación sobre falsos aportes de campaña solo del partido FP y, fundamentalmente, contra Keiko Fujimori, su máxima dirigente.

Expedida la resolución por la SPN, de la cual discrepamos en su decisión final, atrás quedaron los cuestionamientos (de todos aquellos interesados en que Keiko continúe en prisión) a la magistrada León Yarango, a quien hasta intentaron vincular con “Los Cuellos Blancos del Puerto” para apartarla del caso en la presunción de que votaría a favor de Keiko. Su voto fue por la confirmación, y ya podrá dormir tranquila.

Pero aun cuando los magistrados, en mi opinión, se doblegaron ante la presión extrajudicial que ejerce sutilmente el poder y el cártel mediático que lo sostiene, al resolver como lo hicieron, debemos rescatar algunos fundamentos expuestos en su sentencia que describen crudamente que la actuación procesal, tanto de la Fiscalía como del juez Concepción, estuvo contaminada de inquina, de presunción indebida y de prejuzgamiento en contra de la investigada Keiko Fujimori.

Este hecho prueba que quienes, abusando de las facultades que les concede el cargo, se alejan de los principios de objetividad, equidad y justicia para justificar a como dé lugar su perverso objetivo, forman parte del entramado político que tiene secuestrada a Keiko, a pesar de que el secuestro se encuentre revestido de legalidad.