Cada vez que en el Congreso hay un escándalo por la colocación en un puesto laboral de gente que no puede ser nombrada por algún impedimento legal o por ser un impresentable o hasta un prontuariado, siempre se señala que la responsable de esos absurdos es la oficina responsable de Recursos Humanos del Poder Legislativo, sin embargo, pasan los años y las sucesivas mesas directivas jamás corrigen esa situación que no hace más que dejar en claro que a nadie le conviene que las cosas cambien para bien.
El último escándalo es el de una presunta red de prostitución que operaba dentro de Congreso, desde la Oficina Legal y Constitucional, que era manejada hasta hace pocos días por el abogado Jorge Luis Torres Saravia, vinculado a Alianza para el Progreso (APP), que ahora es investigado por el Ministerio Público. Sería bueno saber si la tan mentada dependencia de Recursos Humanos revisó o no los antecedentes del caballero, que de por sí lo descalificaban para asumir un cargo tal importante del que acaba de ser echado.
Señalo esto porque cada vez que los medios denuncian que tal o cual legislador dio empleo a algún familiar, a una pareja, a un personaje con antecedentes hasta de terrorismo o de robo, o que su perfil profesional no encaja en lo que exige la norma, todos se sacuden y afirman que los congresistas no son los que contratan, sino el personal de Recursos Humanos, que sería una isla donde la gente hace lo que le dé la gana a espaldas de los congresistas que no parecen ser los que mandan en el Congreso.
Lo cierto es que si así son las cosas, esa oficina ha tenido que ser intervenida hace tiempo para evitar que sea la vía de ingreso de tanta gente que no debería estar laborando en el Congreso. ¿A quién responden sus responsables? ¿Se ha sancionado alguna vez a alguien por contratar irregularmente a trabajadores? No olvidemos que hace poco se denunció la presencia del asesor de la legisladora Cheryl Trigozo, un sentenciado por terrorismo que estuvo en la cárcel. ¿Quién dio el visto bueno? ¿Ya fue despedido?
El miércoles último el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, ha dicho que el caso de la presunta red de proxenetismo se va a investigar y que incluso se citará al jefe del área de Recursos Humanos. Es la primera vez que escucho que se pretende averiguar qué está pasando en esa dependencia que parece ser, según los congresistas, la puerta de entrada a todos esos impresentables que cada cierto tiempo detectan los medios ocupando cargos administrativos en el Poder Legislativo.
