El estado de emergencia en los distritos limeños de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho no será ampliado simplemente porque esta medida adoptada sobre la marcha por el gobierno de Dina Boluarte como para tratar de acallar las críticas ante los elevados índices de asesinatos, robos, extorsiones y hasta secuestros, no ha traído los resultados esperados, algo que era evidente desde un inicio, pues sacar militares y pararlos en las esquinas para enfrentar a la delincuencia común no tiene ningún sentido.
El único en el país que sigue creyendo que esta medida sí es efectiva para hacer frente a la criminalidad es el gobernador de La Libertad, César Acuña, quien de tanto andar de vacaciones en Europa no se ha enterado que ha fracasado largamente y que está a punto de ser dejada de lado, tal como ha anunciado ayer el comandante general de la Policía Nacional, general PNP Jorge Angulo, aunque el Poder Ejecutivo ha dicho después que el asunto está aún en evaluación.
Los expertos coinciden en señalar que la ola de violencia en las calles se enfrenta repotenciando a la Policía y trabajando articuladamente con el sistema de justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), los gobernadores y los alcaldes. No habrá resultados positivos sacando a militares con armamento de guerra que ni van a poder usar contra el extorsionador que actúa desde un penal o el ladrón de celulares que huye en un mototaxi. ¿O es que esperan que los soldados disparen con sus ametralladoras?
Además, qué sentido tiene disponer estado de emergencia de forma aislada en ciertos distritos, si los delincuentes pueden cruzar la pista a otra jurisdicción y estar bajo otro régimen legal. Sin duda se ha tratado de una medida apurada, no sometida a un riguroso análisis y que ha buscado hacer ruido antes que obtener resultados, que es precisamente lo que busca en ciudadano de a pie, ese que es asaltado cuando sale de su casa o el que recibe una granada en la puerta de su local comercial.
Es de esperarse que tras esta inútil experiencia en dos distritos de Lima, el trillado recurso de “saquen al Ejército para que meta bala a los delincuentes” quede de lado, para que las autoridades se pongan a idear soluciones realmente viables. Con el problema de la inseguridad no se puede hacer politiquería ni lanzar fuegos artificiales al aire, pues cada día que pasa se pierden más vidas y se daña más la economía que necesita de empresarios que puedan trabajar sin ser amenazados.