El jueves último el Poder Judicial ha dispuesto que el expresidente Pedro Castillo siga cumpliendo prisión preventiva por 18 meses en el penal Barbadillo, mientras es procesado por el presunto delito de rebelión tras el quiebre constitucional del 7 de diciembre de 2022, en que de buenas a primeras a este sujeto y a su camarilla golpista se les ocurrió cerrar el Congreso, tomar por asalto el sistema de justicia, gobernar a través de vergonzantes decretos leyes y cambiar la actual Carta Magna.
Es evidente que Castillo no puede estar en libertad mientras espera su sentencia, pues ya ha demostrado su intención de escapar del brazo de la justicia como lo hizo el mismo día del golpe en que fue arrestado a la salida del Centro de Lima cuando escapaba a la Embajada de México, en San Isidro. Sin embargo, más allá de esta prisión preventiva que debe vencer el 6 de diciembre de 2025, lo que nos queda a los peruanos es exigir que de una vez el golpista de Chota se sentenciado.
El caso de Castillo y el resto de golpistas se encuentra en control de acusación, que es la etapa previa al juicio oral que deriva en la sentencia. Sin duda el proceso está avanzado, por lo que es urgente exigir celeridad y que estos sujetos sean sancionados como se debe. Debe haber prisa, pero a la vez rigor para que nadie venga después a alegar “persecución política” o “abuso” por parte de un Ministerio Público y Poder Judicial que de momento vienen actuando con bastante profesionalismo.
No olvidemos que los procesos contra otros personajes oscuros de nuestra política se están viendo enturbiados por demoras, prisiones preventivas que más tarde se caen y por la politización en que incurren ciertos magistrados. Por eso, una sentencia célere y bien sustentada por el golpe de Estado haría bien al sistema de justicia que en líneas generales está en deuda con el peruano al que no solo le han robado su dinero, sino que también le han pretendido arrebatar la democracia y la libertad.
Además, en el caso de Castillo y los golpistas del 7 de diciembre del 2022, no hay muchas vueltas que dar. La exposición en televisión y en cadena nacional del cabecilla anunciando el quiebre del orden constitucional, es más que evidente. Es caso no es tan complejo, al extremo que todas las zancadillas al proceso que ha pretendido poner la defensa del profesor se han ido cayendo. Es de esperarse que antes que se cumplan dos años de este suceso, el responsable ya tenga una ejemplar condena sobre sus espaldas.
