Ningún peruano de bien podría oponerse a que para los asesinos, ladrones, secuestradores, extorsionadores, traficantes de droga y demás lacras que están haciendo la vida imposible a los peruanos, existan las penas más drásticas en el código penal. Ver a esta gente yéndose a un penal por 25, 30 años o cadena perpetua, a pasarla en una celda de tres por tres metros, es un gran anhelo de la ciudadanía que está harta de vivir a merced de delincuentes que no perdonan ni a mototaxistas ni administradoras de comedores populares.
Sin embargo, ninguna pena puesta en el papel, por más dura que sea, servirá de algo si nuestros fiscales y jueces no las aplican con el rigor que amerita una situación tan crítica como la que vive el Perú. De nada sirve llamar a la actual ola de delincuencia “terrorismo urbano”, “crimen organizado” o como se les ocurra a los legisladores, si es que los administradores de justicia van a actuar con mano blanda y criterios jalados de los pelos que solo favorecen a los criminales y que lindan con la complicidad.
Y es que penas duras ya existen en nuestra legislación. El problema son los fiscales y jueces como esas dos representantes del Ministerio Público que hace poco han acogido la denuncia de un engendro ligado a la banda “Los pulpos”, que se dedicaba a cortar dedos de víctimas de secuestros, que afirma que ha sufrido maltrato al momento de ser capturado por la Policía en Trujillo. ¿Estas dos magistradas no querrán ponerle un sicólogo al “angelito” para que se le vaya el susto por haber caído en manos de la justicia? Así estamos.
Otro caso. Hace poco, el Ministerio Público pidió 30 años de cárcel para el venezolano Sergio Tarache, confeso asesino de su expareja a la que quemó viva en el Centro de Lima. Sin embargo, este sujeto recibió 27 años pese a todos los agravantes, entre ellos la crueldad con la que actuó, el sufrimiento de la víctima que agonizó por varios días y su fuga del país. ¿Por qué no le dieron la cadena perpetua que permite la ley, tal como esperaban la familia y el país entero? Solo los magistrados lo saben.
Con magistrados así no vamos a ninguna parte por más que tengamos las leyes más duras de la región. Si no cambia la forma de trabajar de fiscales y jueces, mejor no gasten tiempo en modificar las leyes y crear expectativas en la ciudadanía. Si tenemos fiscales como los mencionados líneas arriba, o los que están vinculados a ese impresentable apodado “Chibolín”, que se los metía al bolsillo con un pasaje a Estados Unidos o una aparición en su esperpento de programa, mejor rindámonos ante la delincuencia.
