Detienen a un diputado en flagrancia por agredir a su expareja. Su partido tarda días en reaccionar y, cuando por fin habla, su vocero cuestiona el trabajo de la Policía antes de solidarizarse con la víctima. Así arrancó la bancada de Juntos por el Perú: con una distancia incómoda entre lo que predica y lo que hace.
Lo más grave es que nadie podía alegar sorpresa. Julián Pérez Mallqui llegó al Congreso con sentencias por violencia familiar, lesiones culposas y falsa declaración.
Su historial era público. Aun así fue candidato, elegido y respaldado. Solo cuando una nueva investigación por agresión se vuelve imposible de ignorar, aparecen las explicaciones y la prudencia. La misma bancada que actuó de inmediato para sancionar a una senadora por, supuestamente, votar distinto en la elección de la Mesa Directiva, ahora pide calma y esperar las investigaciones.
Ahí está el problema. Hay principios que parecen activarse solo cuando el acusado pertenece al bando rival. Cuando el agresor es de los propios, las condenas bajan de tono, los comunicados se enfrían y la indignación entra en pausa.
También sorprende el silencio de organizaciones que suelen alzar la voz frente a casos similares. Si la reacción cambia según la cercanía política del agresor, la defensa de las víctimas pierde credibilidad.
La democracia se debilita cuando partidos, instituciones y organizaciones miden su indignación con la vara de la conveniencia. La verdadera prueba de una convicción llega cuando toca señalar a los propios con la misma firmeza que se exige para el adversario. Los principios de verdad no preguntan primero de qué partido es el agresor. Empiezan donde termina la conveniencia.
