El próximo 10 de enero es un día clave para la democracia en la región, pues para ese día está prevista en la sede de la Asamblea Nacional, la toma de posesión de Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela luego del mamarracho de elecciones del 28 de julio último en que el chavismo, con un descaro pocas veces visto en las últimas décadas, se robó los resultados y proclamó como vencedor al tirano reeleccionista que ahora aspira a quedarse en el Palacio de Miraflores por lo menos hasta el año 2031.

Mientras tanto, el legítimo ganador, Edmundo González Urrutia, ha señalado desde su exilio en Madrid que está dispuesto a volver a Caracas para asumir el cargo de jefe de Estado que le corresponde, lo que sin duda puede desatar una cacería de parte del chavismo que parece estar dispuesto a lo que sea con tal de mantenerse en el poder y no rendir cuentas de los casi 25 años al mando de un país sumido hoy en una crisis democrática, social, económica y humanitaria, que se traduce en la migración de millones de venezolanos.

Va a ser interesante ver cómo tomarán los diferentes países del mundo y en especial de la región, el hecho de que un dictador participe en un remedo de toma de mando e inicie formalmente un nuevo mandato ya sin preocuparse ni siquiera en mantener las formas democráticas después el robo de las elecciones. ¿Qué postura adoptará el gobierno peruano? Lo ideal sería que apenas asuma Maduro, el embajador peruano en Caracas, retorne a Lima para no avalar con su presencia un nuevo tramo de la tiranía iniciada hace 25 años.

Además, qué vergüenza daría a los ciudadanos de este país ver a un representante oficial del gobierno peruano al lado de invitados de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia, Irán y otros regímenes impresentables y apestados del mundo, que, entiendo, serán los únicos que logrará convocar la toma de mando de un paria mundial como Maduro. Quizá de estas tierras, a los únicos que veamos por allá sean algunos congresistas elegidos por el partido del prófugo Vladimir Cerrón o por el de Verónika Mendoza.

A las democracias del mundo les queda cerrar filas ante el drama venezolano. Lamentablemente, tras la salida de Javier González Olaechea del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde Lima no se ha visto una postura muy firme respecto a lo que se le viene a ese país masacrado por un proyecto socialista que fracasó hace muchos años. Acá no se trata de evitar inmiscuirse en asuntos internos, como dijo alguna vez el actual canciller peruano Elmer Schialer, sino de defender la legalidad, las libertades y el Estado de derecho en la región y el mundo.