El Ejecutivo se reunió con representantes del Congreso, gobiernos subnacionales, sector privado, gremios, academia y sociedad civil, con el objetivo de generar consensos en torno al manejo fiscal. El Perú enfrenta una situación fiscal delicada, producto de decisiones irresponsables, principalmente del Congreso, que año tras año ha impulsado cambios normativos para ampliar el gasto público sin una fuente de financiamiento sostenible. A ello se sumó un Ejecutivo que, atado de manos, nunca puso un freno. El resultado: por tercer año consecutivo se rompería la regla fiscal. Las consecuencias son conocidas: mayor costo de financiamiento, menor capacidad del Estado para afrontar crisis y un deterioro de una de nuestras principales fortalezas: la estabilidad macroeconómica. Desde una mirada crítica, estos encuentros pueden quedarse en simples declaraciones de buena voluntad.
Desde una perspectiva propositiva, sería deseable que este tipo de consensos se replicara para otros problemas estructurales que arrastramos por años, como la ineficiente ejecución del presupuesto de inversión pública en gobiernos subnacionales. El acuerdo es positivo, sí, pero sin “dientes”: sin mecanismos vinculantes, el manejo fiscal seguirá a merced de intereses políticos, más aún en un contexto electoral. El esfuerzo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas es saludable, al igual que la intención del Ejecutivo de visibilizar la disciplina fiscal. Sin embargo, con menos de siete meses de gestión, cualquier hoja de ruta deberá ser asumida y respetada por el próximo gobierno y las autoridades subnacionales. De lo contrario, será un acuerdo más sin pena ni gloria.
