Hacer políticas públicas es sumamente complejo en una economía como la peruana, donde más del 70% es informal. Toda acción u ordenamiento que se disponga, desde el Ejecutivo o Legislativo, termina cayendo en “saco roto”, en tanto son un grupo reducido de personas o empresas las que cumplen con las reglas de juego. En el sector agrícola, peor todavía, donde persiste un nivel de informalidad del 95%. En diciembre de 2020, producto de una serie de protestas desmedidas, y con el objetivo de, supuestamente, mejorar las condiciones para el trabajador agrícola, se derogó la Ley de Promoción Agraria y se estableció una Nueva Ley Agraria, donde se introdujo, entre otros aspectos, una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (Bono Beta), equivalente al 30% de la Remuneración Mínima Vital. Luego de más de tres años de vigencia de la nueva Ley, esta no ha producido mejora alguna para el trabajador. Por el contrario, estancó la generación de empleo formal en el sector. En Piura, por ejemplo, se perdieron 5,936 trabajos. El sector agrícola es uno de los peores remunerados en nuestro país. En 2023, el salario promedio en el sector fue de S/ 957. Mientras que en las empresas formales se pagó, en promedio, S/ 2,111, en las informales el pago fue de S/ 877. Dicha distancia se mantiene a través de los años. Difícilmente un cambio normativo dirigido a incrementar el salario en el campo sería adoptado en el sector informal, puesto que este se encuentra al margen de la Ley. Se deben corregir errores. El sector agrícola requiere de políticas que fomenten la formalización y la incursión de más empresas a cadenas de exportación. Es la formalización la que genera productividad y por ende mayores ingresos para el trabajador.
