Está claro que en la lucha contra la delincuencia que se ha convertido en una tortura para todos los peruanos, no existe un plan estratégico que haga ver algo de seriedad y voluntad política por hacer frente a este flagelo. Todo no es más que fuegos artificiales destinados a tratar de calmar a la gente que exige salidas a esta crisis que todos los días cobra vidas, pero que no se arregla colocando en las esquinas a grupos de soldados provistos de armas que no podrán usar.

Qué mayor muestra de que no hay un plan integral contra el delito, si el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, acaba de admitir que casi la mitad de lo patrulleros de su institución ni caminan. Si es así, ¿con qué van a salir a patrullar y perseguir a los delincuentes? Al mismo tiempo, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Javier Llaque, ha alertado que las medidas adoptadas contribuirán a aumentar el hacinamiento en las cárceles. ¿Alguien ha previsto esto?

De otro lado, la lucha contra el delito tiene que ir de la mano con una coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para que los hampones arrestados no sigan saliendo en libertad por acción de magistrados corruptos y cómplices de criminales. Bueno, en estos días lo único que se ha visto es una bronca entre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, por un tema presupuestal. ¿De esta manera se va a trabajar en favor de la ciudadanía?

Para quienes ven morir a un ser querido a causa de la violencia callejera, pierden parte de su patrimonio, sufren un robo o son extorsionados, es por lo menos una falta de respeto que desde el gobierno se busque dar la impresión de que se está trabajando con un norte y con rigor, cuando sucede todo lo contrario simplemente porque no hay voluntad política para hacer frente a lacras armadas como las que en las últimas horas han matado a dos mujeres en una losa deportiva de Villa María del Triunfo.

El problema de la violencia no se inició en este gobierno. La situación crítica comenzó hace casi 20 años en Trujillo y nada se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, la actual administración de Dina Boluarte no puede ser una más de las tantas que han preferido mirar a un costado y cruzarse de brazos mientras en las calles corren las balas y los robos y asesinatos se incrementan. Para eso se necesita voluntad política, algo que hasta el momento no se ve por ningún lado.