Si los transportistas están dispuestos a reclamar contra un Estado que no funciona al momento de hacer frente a la criminalidad que se traduce en asesinatos y extorsiones, lo cual es cierto, también deberían apuntar al Ministerio Público, que en mi modesta opinión tiene más responsabilidad en el incremento de la violencia que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, este último señalado por no derogar una norma muy cuestionada que favorecería a la criminalidad, pero que tiene apenas dos meses de vigencia.
Los transportistas que son extorsionados y baleados deberían saber que leyes severas existen para mandar a la cárcel por varios años y hasta a perpetuidad a criminales de todos los pelajes. El problema es que el sistema de justicia no funciona en gran parte porque tenemos un Ministerio Público decadente, donde los fiscales o están politizados, o son unos ineptos o cómplices de los delincuentes a los que tratan con guantes de seda y dejan en libertad con suma facilidad.
Vayan al Congreso, reclamen a los congresistas que no logran ponerse de acuerdo para legislar en favor del ciudadano cuya vida corre peligro en manos de cobardes extorsionadores. También quéjense con el Ejecutivo que no muestra voluntad política para poner en vereda al hampa, pero no pierdan de vista al Ministerio Público, a fiscales como esos dos de Trujillo que acogieron la denuncia de un criminal experto en cortar dedos a los secuestrados, que se quejó contra la Policía por “maltratarlo” al momento de su arresto.
Tampoco dejen de lado a personajes con la cara bien dura como César Acuña, gobernador de La Libertad, una de las regiones más violentas del país, quien el fin de semana ha tenido el desparpajo de exigir públicamente al Ejecutivo y al Legislativo que no posterguen el debate en favor de la seguridad ciudadana. Claro, lo dice luego de haber estado una semana haciendo turismo y tomándose fotos en Emiratos Árabes Unidos en compañía de algunos de sus parientes. ¿Por qué los transportistas trujillanos no le reclaman a este señor?
El abandono en la lucha contra la criminalidad compromete a todo el Estado. Están también los jueces, las autoridades locales que no trabajan, los malos policías y los responsables de los penales, entre otros. Así que mal hacen en apuntar solo a una ley dada por el Congreso hace dos meses, y peor hacen en aliarse con políticos oportunistas que están tratando de subirse al carro de su indignación contra la violencia, con la finalidad de ganarse alguito con miras a las próximas elecciones.
