Por años, la extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas que afectan la libertad individual, la paz social, el orden público y la economía de nuestro país. Su impacto golpea con especial fuerza a sectores como el transporte, la construcción, el ámbito artístico y miles de pequeños y medianos negocios que sostienen nuestra economía.
Detrás de cada caso de extorsión existe un mismo patrón: la violencia y la amenaza como mecanismos de control. Estas prácticas se ven agravadas por delitos conexos como el sicariato, el secuestro y el uso de armas de fuego o explosivos, configurando un verdadero “sistema del miedo” que busca asegurar ingresos ilícitos y garantizar la impunidad. Cuando una víctima no denuncia, el delito no se investiga, no se sanciona ni se repara. Esa invisibilidad debilita la capacidad de respuesta del Estado y refuerza la acción de las organizaciones criminales, agravando la pérdida de confianza del ciudadano en sus instituciones.
Recuperar esa confianza es una tarea urgente. Un sistema de justicia sólido y cercano a la ciudadanía es clave para romper el ciclo de la extorsión y reducir la impunidad. Por ello, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hemos dado un paso decisivo con la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos (Decreto Legislativo 1735). Esta reforma articula a jueces, fiscales, policías y defensores públicos especializados para asegurar que cada caso sea atendido con prioridad, rapidez y eficacia.
Además, implementaremos un servicio de defensa pública especializado para víctimas de extorsión y una línea telefónica gratuita de orientación legal. La normativa vigente también permite que la víctima solicite al fiscal el inicio del proceso inmediato, lo que facilita sentencias más rápidas y el acceso a la reparación civil. Este modelo permitirá concentrar información, integrar herramientas penales y financieras, y construir un banco de datos que facilite identificar patrones y rutas delictivas.
Estamos convencidos de que esta reforma fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar la extorsión y recuperar la confianza de la ciudadanía. Nuestro compromiso es claro: construir un sistema de justicia que proteja a la víctima.
