Con la declaración ante la justicia del exministro José Manuel Hernández, quien admite, con pelos y señales, haber sido el intermediario en el pago de una millonaria coima que habría recibido el expresidente Martín Vizcarra cuando estaba a cargo del Gobierno Regional de Moquegua, es poco el margen que le queda al “Lagarto” para seguir insistiendo en su inocencia y en que es víctima de un complot de sus rivales políticos y de empresarios que se vieron afectados durante su mandato, algo que a estas alturas solo deben creer sus sufridos abogados.
Lo dicho por Hernández es respaldado por evidencias palpables, como los pantallazos de las conversaciones por chat que tuvo con Vizcarra para las coordinaciones previas a los pagos ilegales; y también por los recibos bancarios mostrados por el trabajador de la empresa corruptora que retiró, en dos partes, un millón de soles que habrían ido a parar a las manos de Vizcarra a cambio de no observar la buena pro de la obra. Todo coincide, todo calza, todo encaja en la hipótesis del Ministerio Público de que acá hubo pago de una cutra a quien luego sería presidente del Perú.
Todos los abogados penalistas consultados al respecto, la tienen más que clara luego de la audiencia del martes último. Saben que el expresidente acabará preso en el 2025, claro, si es que no escapa. Los únicos que dicen que acá no pasa nada son los defensores de Vizcarra, que han ido a los medios a tratar de tomarle el pelo a los peruanos. Un poco más y nos dicen que como no hay un video donde aparezca su cliente cobrando la plata sucia, o una factura con un sello de “recibido”, todo no pasa de ser un gran cuento armado para perjudicar al famoso “Lagarto”.
Con las declaraciones de Hernández y del antiguo trabajador de Obrainsa que se encargó de retirar el dinero de la coima, la suerte de Vizcarra parece estar echada. Su buena estrella que le valió para no ser encerrado en la cárcel de manera preventiva mientras era investigado, cosa que jueces y fiscales sí han hecho con otros por mucho menos, parece estar apagándose casi cuatro años después de hacerse públicos estos hechos que llevaron al Congreso a vacar al moqueguano por incapacidad moral permanente.
Ojo que en este momento el expresidente Vizcarra no tiene restricción alguna para moverse por cualquier rincón del país, por lo que si se escapa, serán responsables los jueces y fiscales que han actuado con mano blanda durante todo el proceso de investigación iniciado en 2020, pocos meses antes de que el Perú conozca, de otro lado, que el exmandatario se había vacunado a escondidas y salvaba su vida mientras miles de miles de ciudadanos morían a causa del pésimo manejo de la pandemia de COVID-19. Esto jamás debe ser olvidado por los peruanos.
