Hay tragedias que en el Perú necesitan volverse tendencia para existir. Lo ocurrido en Huancavelica —la muerte de cinco jóvenes en un paraje de Colcabamba, en Tayacaja— no solo duele por la violencia, sino por el silencio que la rodeó durante días. Cinco días para que el país mire, cinco días para que alguien reaccione. Si esto hubiera pasado en Lima, la indignación habría sido inmediata, los micrófonos se habrían multiplicado y las autoridades habrían corrido a dar explicaciones.
El Gobierno no ha ofrecido hasta ahora una respuesta clara y contundente. Mientras tanto, los familiares de las víctimas protestan en soledad, como si el dolor tuviera geografía. Y aquí es donde la sospecha se vuelve inevitable: ¿es desidia o es una forma de silenciamiento?
Las versiones oficiales tampoco ayudan a despejar las dudas. La Policía Nacional del Perú habla de droga y dinero en el vehículo; el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú sostiene que se trataba de presuntos integrantes de redes del narcotráfico que atacaron a una patrulla. Pero en paralelo surge otra versión, igual de contundente: la de jóvenes deportistas que regresaban tras jugar la Copa Perú y que habrían sido confundidos con “mochileros”. En un país donde la presunción se convierte rápido en sentencia, la diferencia entre ambas narrativas no es menor: es la diferencia entre un operativo legítimo y una masacre.
Que la zona forme parte del corredor del VRAEM no convierte en culpables a todos los que la transitan. Esa lógica, peligrosa y simplista, termina justificando lo injustificable. Si hubo enfrentamiento, que se presenten pruebas; si hubo un error, que se reconozca; si hubo delito, que se sancione.
