Desde la madrugada de ayer han allanado las viviendas y oficinas parlamentarias, tanto en Lima como en Arequipa, de la congresista María Agüero, la “comunista” que tiene dos propiedades en Estados Unidos y una de las más acérrimas escuderas del delincuente Vladimir Cerrón, quien lleva más de un año en calidad de prófugo de la justicia tras haber sido sentenciado por llenarse los bolsillos y por tener que cumplir arresto preventivo por otros casos seguidos en su contra, todos por corrupción.

Agüero ha sido acusada de quedarse con parte de los haberes de sus trabajadores parlamentarios bajo amenaza de despido -es decir, es una presunta “mochasueldo”- en complicidad con un empleado de su confianza que ha sido detenido en Arequipa por el Ministerio Público y la Policía Nacional. Los allanamientos se llevaron a cabo mientras la legisladora célebre por defender a feroces terroristas como Víctor Polay y la “camarada Vilma”, se encontraba en un evento de “parlamentarios antifascistas” en Venezuela.

La parlamentaria que también se hizo conocida por decir públicamente que su sueldo de congresista no lo alcanzaba para vivir, es investigada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, el dinero robado a los empleados habría servido para sus gastos “logísticos” y hasta para reparar su vehículo. Acá tienen, pues, a una “luchadora social” que defiende a los trabajadores que sufren abusos de sus superiores.

Con esos penosos antecedentes, no sorprende que la señora sea una escudera incondicional de un corrupto prófugo de la justicia, tal como también lo es su colega de bancada Kelly Portalatino, a quien se acusa ahora de haber llevado a trabajar al Congreso a la hija de su niñera, a la que todos hemos pagado su sueldo. ¿Qué dice el área de Recursos Humanos del Congreso? ¿Así de fácil se puede dar un puesto y un salario a una persona que no cumple los requisitos? ¿El Poder Legislativo es la chacra de los sinvergüenzas?

Lo más seguro es que en las próximas horas ambas protectoras de un delincuente como Cerrón salgan a gritar que son víctimas de “persecución política”, como si su participación en el Congreso fuera muy relevante y pudiera despertar preocupación en algunas “fuerzas ocultas”. Estos casos no solo ameritan una suspensión en sus funciones tras la intervención de la Comisión de Ética, sino también denuncias penales al igual que a todos esos a los que les gusta apropiarse del dinero ajeno y del de todos los peruanos.