Es de esperarse que los órganos de control interno respectivos y la cuestionada Junta Nacional de Justicia (JNJ) actúen con total firmeza ante las dos juezas y la fiscal que están embarradas hasta el cuello en las andanzas nada santas de ese impresentable llamado Andrés Hurtado Grados, más conocido en el mundo de las plumas y lentejuelas y los escándalos mediáticos como “Chibolín”, quien desde la noche del jueves se encuentra detenido de manera preliminar.
Me refiero a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez; a la jueza anticorrupción, Paola Valdivia; y a la fiscal de Lavado de Activos, Elizabeth Peralta, quienes mucho tienen que explicar acerca de sus nexos con el mencionado sujeto que ha sido detenido al estar bajo investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, y que era el apoderado de los bienes de un condenado por tráfico de drogas como Demetrio Chávez Peñaherrera (a) “Vaticano”.
No podemos tener como administradoras de justicia con capacidad para decidir sobre la libertad y el patrimonio de las personas, a magistradas que viajaban a Estados Unidos junto con un personaje como “Chibolín” con pasajes de dudoso origen, que dejaban que les remodele sus casas o que les arma jaranas. Incluso una de estas señoras ha dicho públicamente que tenía referencias de que Hurtado era un proxeneta. ¿Todo esto era a cambio de nada? ¿Alguien puede creer eso?
Quizá Hurtado no ha tenido una sentencia en su contra, pero cualquier persona medianamente informada podría darse cuenta de sus lujos y signos exteriores de riqueza sin mayor justificación, más allá de sus nexos con “Vaticano” conocidos desde hace más de 30 años. Esta claro que en su vida profesional y personal, un magistrado que se respete debe saber muy bien con quién se junta, a fin de no poner en duda su idoneidad ni su capacidad para administrar justicia.
Es evidente que urge hacer una buena limpieza, tanto en el Poder Judicial como el Ministerio Público. La justicia en el Perú no se puede manejar de acuerdo a las entrevistas, invitaciones a su esperpético programa, llamadas, regalos, viajes, cumplidos, presiones e intereses bajos de elementos dudosos como “Chibolín”. El ciudadano, el litigante, el Estado y la sociedad en general, no merecen eso. ¿Servirá este escándalo para que haya algún cambio para bien? Lo dudo.
