De 251, 801 millones es el presupuesto público para el 2025. De este monto, 49,611 millones está destinado al sector Educación. Si a título personal me pidieran resaltar algún mérito importante en el sector, diría la inversión de más de 5,900 millones de soles en las 75 escuelas Bicentenario que ayudarán a reducir la brecha de más de 175 mil millones de soles en infraestructura escolar (algo es algo, peor es nada, ¡el “hueco” es abismal!). Sin embargo, seguimos registrando un logro educativo deprimente, principalmente en segundo de secundaria, con casi 82% de nuestros jóvenes que no comprende lo que lee o 98,7% que no razona matemáticamente. Logramos licenciar en Sunedu a 49 universidades públicas, pero 95% de ellas con “yaya”, con “RQ” (REQUERIMIENTOS) y/o “RC” (RECOMENDACIONES) para alcanzar el 100% de nivel de calidad, tal como lo señala el propio MINEDU en el Informe No. 00086-2021-MINEDU-VMGP-DIGESU-DIPODA.  Allí, se señala que las universidades publicas requieren de más de mil millones de soles de presupuesto “adicional” para subsanar sus deficiencias. Sin embargo, como nuestro país parece coronarse como el reino de la improvisación y la informalidad, no solo les cortamos presupuesto a las universidades públicas –entre otras instancias nacionales– para “cerrar el déficit fiscal”, como se intentó a través del Decreto de Urgencia 006-2024-EF, sino que además, a nuestros congresistas se les ocurre la “benévola” idea de aprobar la creación de 40 nuevas universidades públicas, sin importar que no tengan presupuesto o que se necesiten más técnicos y no universitarios en el Peru.

Nuestro país requiere de planificación, de políticas públicas claras de mediano y largo plazo que nos permitan mirar el horizonte para planear “cómo” construir nuestra sociedad con reflexión, con responsabilidad y utilizando diligentemente los recursos que todos ponemos en el arca publica con esfuerzo y esperanza.  Junto a este año que se va, quisiera soñar que nunca más se aprobará un proyecto de ley en el Congreso, entre gallos y medianoche, sin consulta profunda y técnica a los expertos, a los que saben, y que, de hacerse, el Poder Ejecutivo lo “observaría” como es su obligación constitucional. Seguramente me dirán: “ilusa”, “no es que no quieran, es que no quieren querer”