Cómo será de brutal la entraña criminal de los extorsionadores que ahora ya no solo apuntan a empresarios de todo tamaño, transportistas, emprendedores y demás, muchos de los cuales incluso han sido asesinados por no pagar los cupos exigidos, sino que ahora sus manos de rapiña se han extendido hacia colegios privados que en algunos casos han tenido que apelar a las clases virtuales a fin de no exponer a alumnos, docentes y padres de familia.
Sin duda las extorsiones se han salido de control. Esto comenzó hace 20 años en las ciudades de la costa norte y como a través de los sucesivos gobiernos nadie les hizo caso y todos optaron por mirar a otro lado, ahora estos criminales, peruanos y extranjeros, se sienten en total libertad para ir contra los blancos más sensibles de la sociedad, que son los niños y jóvenes que acuden a colegios a recibir sus clases. Si ya ni los centros educativos son lugares seguros, qué podemos esperar de los demás espacios.
Normalmente cuando esto sucede, todos miran a las autoridades para exigirles respuesta a estas salvajes amenazas. Sin embargo, en medio de esta ola de violencia es duro comprobar que la primera línea de combate contra la extorsión, que son el Ministerio del Interior-Policía Nacional y el Ministerio Público, anda enfrascada en una guerra declarada en la que sin duda el más perjudicado es el ciudadano que tiene que pagar cupos o llevar a sus hijos a un colegio al que podrían ponerle un explosivo en la puerta.
Por un lado el titular del Interior, Juan José Santiváñez –que hace tiempo debió ser echado del cargo– es objeto de múltiples investigaciones que han generado un allanamiento (a mi entender exagerado) y un pedido de impedimento de salida del país, además de citaciones y pesquisas que el funcionario objeta; mientras de otro la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha sido denunciada por el ministro, lo que se suma a otros recursos presentados desde el Congreso contra la cabeza del Ministerio Público. La guerra es total.
Ante las alertas surgidas en los últimos días respecto al incremento de extorsiones a colegios, que en algunos casos han tenido que suspender las clases presenciales para reducir los riesgos, se han anunciado medidas y se ha movilizado a policías en diferentes ciudades, pero combatir eficientemente y de manera integral a la criminalidad en medio de estos líos entre las autoridades, es muy difícil. ¿Qué más tiene que pasar para que todos trabajen de la mano sin afectar sus autonomías?
