El anuncio presidencial para convocar un referéndum que consulte a los ciudadanos si quieren una nueva Constitución, recicla la discusión inducida por el gobierno que no conduce hacia un mismo destino: la asamblea constituyente. La consulta popular es un medio formal (institución de participación popular directa) para un fin material que no resulta adecuado (nueva Constitución).
La iniciativa y propósito presidencial es un plebiscito, es decir, la consulta ciudadana sobre un asunto de especial importancia para el Estado, una institución no recogida en la Carta de 1993, a diferencia del referéndum que tiene la finalidad de conocer confirmar la aprobación, modificación o derogación de leyes. La Constitución peruana no abre la puerta para la convocatoria de una asamblea constituyente, pues todo el texto constitucional tiene una vocación de permanencia en el tiempo.
La insistencia en esta propuesta de campaña, sin respaldo ciudadano –según los sondeos de opinión–, tiene la intención de mantener un estado de zozobra para persuadir a la ciudadanía de que la solución comienza con el cambio constitucional para instalar un Estado empresario, un fallido papel ejecutado durante la década del setenta y ochenta del siglo XX, que consumió las reservas internacionales para sostener un aparato burocrático tan gigante como improductivo, quebrado, emisor de moneda sin valor y “productor” de inflación económica.
La propuesta presidencial tiene la finalidad de instalar un nuevo régimen, un estatuto de gobierno autoritario, pero no una Constitución que frene el ejercicio arbitrario del poder político. Los ejemplos de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela muestran sus resultados. Por eso, para lograrlo, resulta imperativo producir el decrecimiento económico, volver al fallido Estado interventor financiado con nuestros impuestos, haciendo retroceder lo avanzado por la clase media emprendedora controlando al ciudadano para el libre ejercicio de sus derechos fundamentales.
