Horas después que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunciara que “a la fecha no hay ningún fallecido en San Juan de Lurigancho, tras el estado de emergencia”, un golpe de realismo le cayó en la cara. Una balacera en un parque de ese distrito dejó un muerto y dos heridos.
Este hecho criminal en una zona, aparentemente controlada por las fuerzas del orden, deja una cosa clara: el Gobierno carece de estrategia y planes para cumplir lo que prometió. La presidente Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola deben demostrar que, además de anunciar medidas para combatir la delincuencia, deben ser capaz de hacerlas.
El estado de emergencia y otras iniciativas para acabar con la inseguridad ciudadana en el país deben ser un propósito estructural que trascienda a los gobernantes y sus buenas intenciones.
Es indispensable que cualquier medida del Gobierno obedezca a una plan integral y que la buena voluntad se enriquezca con criterios de responsabilidad.
La gente tiene la impresión que el Gobierno avanza a tientas y no sabe adonde va en materia de seguridad. Algunas medidassolo son como cataplasmas que quieren tapar enfermedades de alta complejidad.
Mientras tanto, el delito crece porque tiene muchas cosas a su favor. Es que los delincuentes tienen poca probabilidad que los arresten y si los capturan tienen baja posibilidad que vayan a juicio porque a muchos los sueltan antes. Ya es hora que en la tarea de derrotar a la criminalidad estén alineados también nuestros órganos de justicia.
