Desde el 2019, el Estado viene implementando el Modelo de Integridad como su principal herramienta de prevención de la corrupción, y, desde el 2021, la Secretaría de Integridad Pública (SIP) lo evalúa a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP). Sin embargo, seis años después, las cifras no acompañan el esfuerzo de más de 500 entidades públicas.
El primer problema es la falta de capacidad de la SIP en la articulación con las entidades públicas. La principal entidad con la que debió articular fue la Contraloría, pero existe un divorcio entre ambas. Esto ha costado presupuesto y horas hombre al trabajar matrices diferenciadas que nutren el Modelo de Integridad y elSistema de Control Interno, cuando debieron unificarlas pues la finalidad de ambas es la misma.
El segundo está en el componente del modelo: “El compromiso de la alta dirección”. Esto se mide si el titular de la entidad conoce para qué sirve el modelo, se involucra en las actividades desarrolladas y suma a la oficina de Integridad en la toma de decisiones. Mientras la integridad siga siendo vista como un trámite documentario y no como un criterio de gestión, seguirá existiendo la distancia que hoy separa las normas.
El tercer es que la prevención sigue apostando por comunicar, capacitar eintentar empujar el cumplimiento ético a servidores públicos adultos, cuando la formación en integridad debería empezar desde el colegio, para que los niños aprendan desde temprana edad a identificar actos de corrupción y riesgos éticos, como se viene haciendo actualmente con el cuidado del medio ambiente.
Si esta decisión se hubiera tomado en el 2019, junto con la implementación del Modelo de Integridad, hoy tendríamos una primera generación de egresados de la escuela con herramientas para reconocer y rechazar la corrupción.
