Todo indica que el país está a las puertas de un nuevo rescate de Petroperú, y con ello, de un déjà vu económico que ya no sorprende, pero sí indigna. Esta vez, la exigencia es directa: 2 mil millones de dólares de origen privado pero con garantía pública, para evitar un supuesto desabastecimiento de combustible. El tono no es menor. Desde la propia presidencia de la empresa se plantea como una obligación del Estado.
El problema no es coyuntural, es estructural. Petroperú arrastra años de pérdidas millonarias y una deuda que, hasta febrero, alcanzaba los 7,899 millones de dólares. En ese contexto, insistir en nuevos salvatajes no solo resulta económicamente cuestionable, sino también socialmente injusto. Cada dólar destinado a cubrir sus déficits es un dólar que deja de invertirse en salud, educación o seguridad. Es, en términos simples, trasladar el costo de una mala gestión a toda la ciudadanía.
Frente a este panorama, múltiples especialistas han señalado que la única salida viable pasa por abrir la empresa a inversión o gestión privada. No como una consigna ideológica, sino como una necesidad pragmática. Sin embargo, el discurso oficial parece resistirse a esa posibilidad, apostando una vez más por inyecciones de capital con la plata de todos los peruanos como garantía, que no resuelven el problema de fondo. La realidad es evidente: una empresa que no genera recursos, difícilmente podrá sostener sus compromisos.
