Un nuevo caso de secuestro impactó en las últimas horas a la ciudad de Trujillo y al país, y a su vez demostró que la lucha contra la criminalidad, especialmente en esa convulsionada ciudad, no está dando los resultados necesarios. Esta vez la víctima fue una joven estudiante que estuvo privada de su libertad durante casi 24 horas, en manos de la banda “Los pulpos”, muy conocida desde hace más de década y media, pero que nadie termina de erradicar a pesar de haberse convertido en parte del paisaje de la capital liberteña.

Las autoridades policiales estiman que desde el año 2022 hasta el presente, esta banda antes dedicada solo a la extorsión y al crimen por “ajuste de cuentas”, habría tenido que ver con al menos 20 secuestros en la región La Libertad, algunos de los cuales terminaron con la muerte de la víctima, como fue el caso del empresario minero Santos Sánchez Vera. En otros raptos, los familiares de los cautivos tuvieron que pagar cuantiosos rescates para poner fin al cautiverio.

Esta vez la víctima fue la joven Krisstell Cotrina Cruz, secuestrada en la tarde del lunes último cuando volvía a su casa y rescatada ayer por la Policía en Huanchaco. Todas las miradas apunta, nuevamente, a “Los pulpos”. Incluso algunos sospechosos ligados a esta banda habían sido capturados por agentes del orden que sin duda ha sido superados por la criminalidad. En verdad no es mucho lo que pueden hacer, si desde Lima creen que todo se soluciona con los estados de emergencia que pide el gobernador César Acuña.

Si en La Libertad la extorsión era una pesadilla para todos, ahora están los secuestros que afectan a familias no necesariamente de altos recursos. Se trata de una región rica en minería y muy rica en agroexportación, pero que vive en medio de una creciente ola de violencia por el accionar de bandas criminales que no logran ser erradicadas y que ya van por su “segunda generación”, pues los cabecillas originales de estos clanes ya están cediendo el mando a sus hijos, como es el caso de “Los pulpos”.

El problema acá no es policial, es político, pues no hay voluntad de hacer frente al principal problema que afrontan los peruanos que es el de la violencia. Está claro que al menos hasta el 2026, no se hará mucho. Qué se puede esperar del gobierno de Dina Boluarte, que anda más preocupada en evadir preguntas pertinentes de periodistas, en proteger a su hermano Nicanor, en mandar saludos burlones a su “wayki” y en no acabar mal en las investigaciones fiscales que tiene en su contra, que en trabajar por los peruanos.

Si en La Libertad la extorsión era una pesadilla para todos, ahora están los secuestros

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