Los principales gremios empresariales han levantado la voz de alerta ante la posibilidad de entregar a dedo tres lotes petroleros a una empresa estatal que atraviesa dificultades financieras y está al borde de la quiebra. Es evidente que esta medida podría tener consecuencias negativas para la economía peruana y la inversión privada en el país.
El Gobierno debe ser el primero en aceptar las reglas básicas de juego en una economía de libre mercado, que de ninguna manera contemplan desafíos descabellados, como el de adjudicar lotes a Petroperú sin un concurso previo. Además, es necesario abordar los problemas financieros, de gobernabilidad y las denuncias de corrupción que han afectado a esta empresa estatal en los últimos años.
Todo indica que la asignación de más recursos violará los principios de libre competencia, lo que podría ahuyentar a los inversores privados. El país transita por una crisis sostenida y esta decisión solo generará más incertidumbre e inestabilidad.
Si en otros tiempos existía la quimera que el Estado era todopoderoso y podía resolver cualquier situación, hoy está demostrado que acaparar y asumir funciones, como la de empresario, solo acarreará problemas mayores.
Ya le hemos permitido a los gobiernos de turno jugar con nuestro futuro por demasiado tiempo. Ya demostraron su ineficiencia en muchos aspectos. Hoy, ante esta circunstancia, se debe trabajar junto al sector privado a fin de encontrarle una salida a la crisis.
