La rotura en el ducto de Camisea demuestra la vulnerabilidad en la que se mueve el país. Una sola falla ha puesto contra las cuerdas a la generación eléctrica, al transporte, a la industria y al bolsillo de millones de peruanos al disparar el costo de la energía, vaciar los surtidores de GNV y obligar al Estado a racionar un insumo que se había vendido como sinónimo de seguridad, progreso e independencia.
Esta crisis desnuda una verdad que la política evitó enfrentar: el modelo energético peruano está montado sobre una apuesta casi ciega a un único ducto, una sola ruta y un solo recurso. Hoy, esa inacción se traduce en sobrecostos millonarios, incertidumbre empresarial y angustia ciudadana.
La lección es brutal pero clara. El país no puede seguir confiando su funcionamiento a infraestructuras sin respaldo ni planes de contingencia serios. No se trata solo de reparar un tubo, sino de corregir un diseño institucional que solo reacciona cuando la crisis ya estalló. Si esta vez el golpe vino por el gas, mañana podría venir por el agua, las telecomunicaciones o cualquier otro servicio esencial. La vulnerabilidad ya quedó expuesta; lo que está en juego ahora es si el Estado tendrá la capacidad de convertir este episodio en un punto de inflexión y que no se sentará a esperar la próxima emergencia.
