El Perú parece condenado a administrar crisis en simultáneo. A la inestabilidad política crónica, la criminalidad desbordada y las lluvias que cada año desnudan nuestra precariedad estructural, se suma ahora otra emergencia silenciosa pero igual de asfixiante: la escasez de gas natural.
La fuga y deflagración en Megantoni no solo encendió alarmas técnicas; encendió la evidencia de cuán vulnerable es nuestro sistema energético. Como si fuera poco, el conflicto bélico en el Medio Oriente amenaza con elevar el precio internacional del petróleo, dibujando un escenario adverso para transportistas y consumidores. El vía crucis, otra vez, lo recorrerán los de siempre.
El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, ha sido transparente en una cosa: la prioridad será el uso residencial y los servicios esenciales. A los taxistas y conductores les dijo, sin rodeos, que “van a tener que echar gasolina”. La frase, aunque pragmática, suena a resignación. Y gobernar no es resignarse; es anticiparse.
Porque más allá de la lógica de priorización —que puede ser atendible en un contexto de emergencia— lo que el país reclama es un plan de contingencia claro. ¿Cuánto durará la restricción? ¿Qué medidas se implementarán para mitigar el impacto económico en transportistas e industrias? ¿Cómo se garantizará la estabilidad del suministro para generadoras eléctricas?
