Parece que los únicos que no se dan cuenta del desastre en que se ha convertido el Ministerio Público son los propios fiscales, empezando por quienes integran la Junta de Fiscales Supremos, que están siendo responsables de la politización e ineficiencia de una institución que debería ser clave y puntal en la lucha contra la corrupción y la delincuencia común que mata, roba, extorsiona y secuestra todos los días, dos lacras que tienen del cuello a todos los peruanos.
Ayer en Correo Lima hemos publicado un informe que da cuenta de los cuestionamientos a los supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, este último el fiscal de la Nación interino que no mueve un dedo por tratar de cambiar una institución que sin duda no está a la altura del inmenso reto que tiene por delante, que es perseguir el delito e investigar con rigor y profesionalmente a los sindicados como corruptos, entre los que hay varios expresidentes, y a delincuentes comunes.
Allí están Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez como muestra de fiscales ineficientes y politizados que en sus primeros años generaron entusiasmo en algunos sectores, pero que en la práctica resultaron puro fuego artificial, pura chispa de fogueo, pues en casi ocho años desde iniciado el caso Lava Jato, no han logrado ni una sola sentencia, ni siquiera contra la corrupta exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que admitió públicamente haber sido sobornada por unos delincuentes brasileños.
A estos dos viejos conocidos se suman ahora los implicados en el caso “Chibolín”, como la fiscal Elizabeth Peralta, en estos momentos con un pie en la cárcel; y Lucio Sal y Rosas, señalado por haber devuelto el oro incautado a gente dudosa metida en el negocio del oro presuntamente ilegal. Y eso que no hemos mencionado a los que casi a diario sueltan a asesinos, ladrones y secuestradores que captura la Policía Nacional. ¿Ineptitud? ¿Complicidad? ¿Desidia?
Y como para cerrar la lista está la fiscal Marita Barreto, a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, acusada de filtrar información, una práctica al parecer generalizada en el Ministerio Público, más allá de las lamentables notas que habría obtenido en sus estudios de pregrado en una universidad de Huancayo. ¿Qué está esperando la propia Fiscalía de la Nación, el Congreso o la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para cambiar esta situación mientras la corrupción y el hampa no descansan?
