La sorprendente admisión de la demanda presentada por el terrorista Víctor Polay Campos, líder del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru - MRTA, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha reavivado el debate en la opinión pública sobre la pertinencia, permanencia y los beneficios para el Perú del complejo sistema supranacional de justicia.
Es importante destacar un hecho intrigante al respecto: la demanda fue admitida en marzo de 2022, pero solo se ha dado a conocer recientemente. Esto plantea la pregunta de quiénes están detrás de esta opacidad legal y mediática y por qué la CIDH ha mostrado tan poca transparencia en este caso en particular.
La demanda plantea dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, sostiene que el proceso llevado a cabo por la justicia peruana habría violado el principio de legalidad y las garantías judiciales. En segundo lugar, argumenta que las condiciones carcelarias impuestas afectaron la integridad personal de Polay Campos, llegando incluso a afirmar que fue sometido a repetidas torturas.
No es superfluo recordar quién es Víctor Polay Campos. Este individuo fue el fundador y líder principal del grupo terrorista MRTA, que entre otras cosas implementó el brutal método de las “cárceles del pueblo”, una modalidad de tortura extrema en la que las víctimas secuestradas, eran mantenidas a cautiverio durante largo tiempo, sometidas a condiciones deplorables y frecuentemente torturadas, muchas de ellas fueron ejecutadas de manera premeditada y cruelmente.
Este caso alimenta el debate sobre si es conveniente continuar adheridos al Pacto de San José y bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se percibe que esta instancia supranacional obstaculiza la implementación de estrategias y planes efectivos para la seguridad ciudadana, ¿Por qué?, porque favorece a delincuentes y terroristas.
Este tema inundará los medios y la agenda política en las próximas semanas. Sin embargo, será un tema que aglutine posiciones en contra de la CIDH que ha vulnerado en repetidas veces la soberanía jurídica de nuestra nación de manera indignante.
