La denuncia contra la “camarada” María Agüero, congresista de Perú Libre por Arequipa, cerronista hasta la muerte y hace poco “veedora” pagada por el chavismo para avalar el fraude electoral en Venezuela, es muy grave y merecería el máximo rigor del Congreso para investigarla y eventualmente sancionarla, sin embargo, en un lugar donde muchos tienen rabo de paja y las cosas se arreglan por debajo de la mesa, es muy difícil que esta señora sea tratada con la objetividad que su caso merece.

Con la denuncia de Latina del domingo último, la congresista Agüero se une a la lista infame de los “mochasueldos”, esos tristes personajes que deambulan por los pasillos del Congreso apretando a sus trabajadores para quedarse, bajo pena de despido, con parte de sus salarios y de los cuestionados bonos extraordinarios que se les entrega, a pesar de que sus discursos demagógicos están basados en la defensa de los derechos de los trabajadores ante los empleadores abusivos.

En este caso, una exservidora del despacho de la congresista Agüero la acusa de cobrarles el 10% de sus haberes y bonos para “gastos del partido” y para pagar “su menú”, “su cuarto” y hasta el lavado de su auto y la reparación de sus llantas. “Son monstruos de la patria, no son padres de la patria”, ha dicho la indignada extrabajadora respecto a esta señora que una vez se quejó públicamente de que su sueldo de legisladora y los extras que recibe no le alcanzaban para vivir en Lima.

Este no es el primer escándalo en que se ve inmersa esta señora famosa por dárselas de comunista, revolucionaria y fanática de dictaduras como las de Venezuela o Cuba, pero que tiene propiedades inmobiliarias en Estados Unidos que le generan buenos ingresos en dólares, lo cual no estaría mal si no fuera por su doble rasero. Tiempo atrás pidió “no mancillar” a la brutal narcoterrorista “camarada Vilma” y sacó cara por ese otro carnicero y también secuestrador llamado Víctor Polay Campos, cabecilla del MRTA.

El caso tendría que ser investigado para las sanciones del caso, pero no se puede esperar mucho de este Congreso donde la impunidad se negocia con un toma y daca. Veamos los casos de “los niños” o de otros “mochasueldos” a los que con las justas se les ha llamado la atención y se les ha descontado algo de dinero, en lugar de desaforarlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público de inmediato, por hacer algo que acá o cualquier lugar del mundo se llama robo.