Hace pocos días, el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación, con el voto en contra del fujimorismo, el incremento de la pena por delitos contra el honor, que incluye la injuria, calumnia y difamación.
Con esta medida, se busca sancionar de manera efectiva a quienes cometan estos delitos. Es decir, de aprobarse el dictamen, la pena por difamación se incrementará de dos a cuatro años de prisión.
En ocasiones, el papel de la prensa puede ser cuestionable, pero es preferible enfrentar los abusos y excesos de la prensa que los abusos del poder vigente. Nuestra democracia es imperfecta, y eso también se aplica a los medios de comunicación en general. Sin embargo, es el sistema que tenemos y es nuestra responsabilidad protegerlo. A pesar de que el fujimorismo no ha recibido el reconocimiento que merece por parte de los medios, se ha opuesto a este dictamen.
Hace años, cuando presidí la Comisión de Justicia, impulsé la despenalización de este delito y propuse que se sancione con multas efectivas. Creo que ese es el camino a seguir, de lo contrario, siempre existirá una amenaza constante para los periodistas o comunicadores que utilizan los medios de información para denunciar o destapar casos. No olvidemos que el papel de la prensa fue crucial para la caída del presidente Castillo y su grupo. ¿Qué habría ocurrido si esta ley hubiera estado vigente en ese momento? Tal vez varios periodistas estarían refugiados o asilados en otros países, enfrentando procesos judiciales, detenidos o encarcelados.
No debemos olvidar que aún existe una influencia considerable de personas afines al caviarismo en la Fiscalía y el Poder Judicial, además del control de otras instituciones públicas. Seguir penalizando a la prensa es una práctica propia de regímenes castrochavistas que debemos erradicar. De lo contrario, estaremos preparando el terreno para gobiernos autoritarios que busquen evadir el control político y ciudadano.
