Una democracia no se sostiene únicamente en el voto ciudadano. También depende de que las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales cuenten con los recursos necesarios para cumplir su misión. Por ello, la advertencia formulada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, debería encender todas las alarmas. Si las Elecciones Regionales y Municipales (EMR) previstas para el 4 de octubre corren el riesgo de verse afectadas por la falta de presupuesto, el problema deja de ser administrativo para convertirse en un asunto de Estado.
Según el propio titular del JNE, Roberto Burneo, el Ministerio de Economía y Finanzas conocía desde noviembre de 2025 las necesidades presupuestales del sistema electoral. Si esa información fue advertida con la debida anticipación, resulta legítimo preguntarse por qué no se adoptaron las medidas necesarias para evitar que hoy el proceso electoral se encuentre en una situación de incertidumbre.
Las elecciones regionales y municipales constituyen uno de los pilares de la descentralización y de la representación democrática. En ellas se eligen las autoridades que administrarán los recursos públicos más cercanos a la ciudadanía y que tienen un impacto directo en la calidad de vida de millones de peruanos. Cualquier riesgo que comprometa su organización afecta la confianza en las instituciones y debilita el funcionamiento del sistema democrático.
