En el Perú parece que nada puede cohesionarnos. En los últimos días se puso sobre el tapete la posibilidad que el expresidente Alberto Fujimori recobre su libertad y nuevamente aparecieron la polarización y los odios en nuestro país.
En el último capítulo del prolongado drama legal que rodea a Alberto Fujimori, su abogado solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su contra. Sin embargo, el TC ha rechazado tomar esa responsabilidad, dejando en claro que no emitirá una orden de liberación. En cambio, ha transferido la decisión al ámbito judicial, específicamente a un juez de Ica.
Esto no se resolverá con declamaciones a favor o en contra, panegíricas o tremendistas. Por el contrario, más que nunca se debe alentar la serenidad, las soluciones racionales y de acuerdo a la ley.
La decisión del TC ha generado un cruce de interpretaciones políticas, donde cada parte selecciona lo que más conviene a sus intereses. Mientras algunos consideran que es un imposible jurídico, otros sostienen que el fallo del TC implica la libertad del expresidente Fujimori. Este debate y la consiguiente agitación política han elevado la temperatura en el país, algo nocivo en estos tiempos de crisis.
En medio de este complicado escenario, es crucial mantener un respeto irrestricto por el Estado de Derecho. Las interpretaciones políticas e ideológicas no deben desviar la atención de lo esencial: la necesidad de que las decisiones judiciales se tomen conforme a las leyes y procedimientos establecidos y que se respeten.
