Mientras el Ejecutivo guarda silencio, en el Congreso se empiezan a mover las piezas. Legisladores reúnen firmas para interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Flores, por la operación militar en Huancavelica que dejó cinco muertos en un paraje de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja. Han pasado seis días desde el hecho y la respuesta oficial sigue siendo insuficiente. Una vez más, lo que ocurre en el Perú profundo parece no tener la misma urgencia que lo que sucede en Lima.
Las versiones sobre lo ocurrido no hacen más que profundizar la incertidumbre. La Policía Nacional del Perú ha señalado la presencia de droga y dinero en el vehículo, mientras que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú sostiene que se trataba de presuntos integrantes de redes del narcotráfico que habrían atacado a una patrulla. Sin embargo, otras versiones apuntan a un escenario radicalmente distinto: jóvenes deportistas que regresaban de un partido de la Copa Perú y que habrían sido confundidos con “mochileros”.
Que la zona forme parte del corredor del VRAEM no puede convertirse en una excusa para generalizar culpabilidades. Si hubo enfrentamiento, corresponde que se presenten pruebas claras y verificables. El país no puede permitirse que la verdad quede atrapada entre versiones contradictorias y silencio oficial. La interpelación anunciada puede ser un primer paso, pero lo que realmente se necesita es transparencia, celeridad en las investigaciones y justicia.
