El secuestro del colaborador del Ministerio Público en el caso “Los waykis en la sombra”, Iván Siucho, ocurrido el viernes en Santiago de Surco en medio de versiones contradictorias, está sembrando más dudas que certezas, por lo que es momento que todo sea aclarada ante la ciudadanía que tiene derecho a desconfiar tanto de fiscales politizados y amantes de la cámaras de televisión, como de jefes policiales que más parecen empeñados en defender a quienes los mantienen en el cargo antes que en cumplir su función.

Inicialmente la fiscal a cargo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Marita Barreto, dijo que con este hecho en el que están implicados dos policías de la Comisaría de Lince se buscaba amedrentar a Siucho, quien está aportando evidencias en el caso que compromete a Nicanor Boluarte y al abogado Mateo Castañeda. Esta versión fue desmentida por el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, y por el Ministerio del Interior.

El oficial señaló que se trató de un acto de delincuencia común en el que nada tenían que ver el caso “Los waykis en la sombra” ni motivaciones política, versión que el sábado último fue refrendada por el Ministerio del Interior. Para ellos, todo era un asunto de venta de oro y negocios dudosos en el que estaban metidos dos agentes policiales en un aparente acto de corrupción individual como los tantos que vemos a diario protagonizados por malos efectivos.

Sin embargo, en su primer interrogatorio ante la Policía Nacional, Siucho ha dicho lo contrario y da la razón a la fiscal Barreto al afirmar que sus raptores lo acusaron de “soplón” y le mencionaron su condición de colaborador en el caso en el que se encuentra inmerso, según se ha sabido ayer domingo. Ha negado también que se dedique a negocios relacionados con oro ilegal, lo que deja muy parado al general Zanabria y al sector Interior a cargo del cuestionado Juan José Santiváñez.

¿Ahora a quién le cree el ciudadano? ¿A un Ministerio Público que todos los días da muestra de ser un verdadero desastre en la lucha contra la corrupción y la criminalidad común, o a una Policía Nacional que parece estar perforada por el poder político para, por ejemplo, no capturar al evadido de la justicia Vladimir Cerrón o negar situaciones que complicarían más al hermano de la presidenta Dina Boluarte? Lamentablemente, así es como estamos hoy en el Perú.