No habían pasado ni cuatro días de un feroz atentado dinamitero contra el tendido eléctrico que alimenta las operaciones de minera Poderosa, en la provincia de Pataz, región La Libertad, cuando nuevamente grupos criminales cometían otro ataque similar que demuestra la inoperancia de las autoridades que aún en estado de emergencia no son capaces de poner en vereda a estos delincuentes terroristas vinculados a la minería ilegal que se están burlando de todos los peruanos.

Se trataría de un ataque dinamitero contra dos o tres torres de alta tensión, según dijo preliminarmente un vocero de la compañía, que en los últimos años ha sido víctima de sucesivos atentados del mismo tipo, que incluso han costado vidas de trabajadores. Pero este tipo de acciones no se limitan solo a la convulsionada provincia liberteña de Pataz. Ayer en tres distritos de Lima, se han reventado granadas de guerra en zonas comerciales y cerca de transeúntes.

En el primer caso, es evidente que detrás de esas acciones criminales se encuentran bandas de mineros ilegales dedicadas a hostilizar y desalentar a empresas formales; y que, de otro lado, en los ataques con granadas en Lince, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho está la mano negra de extorsionadores que de esa manera brutal amenazan a sus víctimas para que entreguen el dinero que exigen. De milagro no hubo víctimas mortales a pesar de la presencia de transeúntes muy cerca de los lugares de los estallidos.

Lo cierto es que hoy nos encontramos casi como en los sangrientos y olvidables años 80, en que Sendero Luminoso y el MRTA atacaban todos los días con explosivos a la población civil, mientras la presidenta Dina Boluarte y su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, andan tratando de sobrevivir en medio de los escándalos en que están metidos, en lugar de trabajar por la seguridad de la gente de a pie que en un ámbito rural o urbano, tienen que vérselas frente a delincuentes provistos de dinamita y granadas.

La situación se está saliendo de las manos al Estado, pero la mandataria y el ministro del Interior están en otra. No se dan cuenta que urge tomar acciones, si es que no quieren pasar a la historia como los que se quedaron de brazos cruzados y no le cortaron la cabeza a tiempo a una nueva y monstruosa modalidad de terrorismo que está surgiendo en distintos ámbitos. Quizá la jefa del Estado esté preocupada por sus casos abiertos en la fiscalía, y Santiváñez en ver cómo se libra de entregar su celular al Ministerio Público. Todo mal.