Meses atrás se entregó en la frontera con Bolivia el sobrinísimo Fray Vásquez Castillo y el jueves pasado fue traído al Perú Alejandro Sánchez, el dueño de la guarida del pasaje Sarratea, donde Pedro Castillo y su banda habían montado un despacho presidencial clandestino para tramar cómo se levantaban en peso el país. Sin embargo, han pasado dos años y no hay ni rastros del exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, pieza clave en la llamada Chota Nostra.

Este prófugo fue un elemento determinante en la trama de corrupción encabezada por quien algún día se mostraba ante los peruanos como un “modesto y humilde” profesor rural, rondero y campesino, cuando después hemos venido a saber, según declaraciones de testigos recogidas por el Ministerio Público, que este personaje recibía fajos de billetes a cambio de nombramientos y la entrega de obras a empresarios “generosos”, como el dueño de la Clínica La Luz.

Recordemos que por la cantidad de dinero que cuenta para obras, el MTC se convirtió en el principal botín de la organización criminal. Allí no solo estuvo el prófugo Silva, que fue despedido con mariachis cuando dejó el cargo, sino también Geiner Alvarado, otro sinvergüenza de marca mayor que está tras las rejas. Sin duda el prófugo sabe mucho. Lo que no sabe es por qué es tan difícil arrestar a este impresentable que fue nombrado ministro de Transportes porque solo porque tenía una combi pirata. No es broma.

Hace unos meses la propia presidenta Dina Boluarte, dijo que su compañero gabinete cuando ella fue titular de Desarrollo e Inclusión Social, quizá se encontraba escondido en Venezuela. Sin embargo, jamás el Ministerio de Relaciones Exteriores ha explicado a los peruanos si esto es cierto, teniendo en cuenta que la presencia del prófugo en ese país contaría con el aval y la protección de la dictadura de Nicolás Maduro, con la que tenemos relaciones diplomáticas.

Es momento de poner tras las rejas al último de los prófugos de la banda del también golpista Castillo. Se entendía que se mueva libremente mientras el profesor manejaba el Estado. Sin embargo, en año y medio del gobierno de la señora Boluarte, nadie da razón del paradero de este sujeto que sin duda sabe muchas cosas. ¿Alguien lo está protegiendo? ¿A alguien le conviene que no lo traigan esposado y lo metan en un penal para que comience a hablar todo lo que sabe? Parece que sí.

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