En el país, 35 defensores ambientales indígenas han sido asesinados desde 2020, de acuerdo con datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha registrado más de 590 situaciones de riesgo contra personas defensoras desde 2019. Según esta entidad, alrededor del 70% de estos casos está vinculado a actividades ilícitas como la tala ilegal, el narcotráfico o la minería ilegal.
Las regiones más afectadas son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%), que concentran la mayor cantidad de casos.
Estos datos fueron dados durante el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI), que reunió en Lima a representantes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.
“La amenaza no solo está vinculada a las economías ilícitas como minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, sino a las estructuras criminales que están detrás. El crimen organizado está ganando terreno porque no solo actúa quien dispara, sino también quienes permiten su entrada al territorio y facilitan sus actividades”, advirtió Carlos Quispe, representante de la Secretaría Técnica de ALADTI y de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
