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La alta incidencia del accionar de los sicarios, que aparecen con su estela de muerte en cualquier distrito de Lima o del país, ha motivado que el Congreso apruebe un proyecto de ley que plantea aumentarles la pena de 15 a 20 años de cárcel y eliminar cualquier beneficio penitenciario a su favor.
La decisión, que se tomó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo, precisa que esas sanciones recaerán sobre los hampones a sueldo que matan a un policía, a un miembro de las Fuerzas Armadas, o a jueces y fiscales.
Asimismo, sobre los sicarios que asesinen a las autoridades elegidas por mandato popular en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de su labor.
En el último mes, estos delincuentes han matado a sangre fría al periodista Luis Choy Yin Sandoval; al alcalde del distrito de Camporredondo, en la provincia de Luya (Amazonas), Wilder Cieza Silva; y al vicepresidente de la región Cajamarca, Augusto Wong López.
PRINCIPIO DE AUTORIDAD. El autor de la iniciativa legislativa, el congresista Pedro Spadaro, saludó la aprobación y opinó que es importante que en medio de la violencia delincuencial en la que vivimos, se restablezca el principio de autoridad con el respeto a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como a las autoridades judiciales.
"La inseguridad se está haciendo tan común en nuestro país que es necesario dictar leyes más drásticas. Asesinar a un periodista, un policía, un magistrado, o a un ciudadano de a pie, no tiene impedimento para el delincuente, que ya cobró por adelantado y solo hace el trabajo sin importarle la vida", expresó el mencionado legislador.
