Aspec denuncia a fast food sancionado por freír con el mismo aceite

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) denunció ante el Indecopi al fast food -sancionado días atrás por la Municipalidad de San Miguel por freír con aceite quemado- debido a la violación de diversas normas contenidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor vinculadas a los derechos a la salud, idoneidad, seguridad, inocuidad e información que asisten a los consumidores.

Se trata del local del Kentucky Fried Chicken ubicado en la avenida La Marina.

Según Aspec, los daños a la salud que produce la ingesta de este tipo de aceite son múltiples, entre ellos hipertensión, incremento de los ácidos grasos en plasma, esteatosis hepática (afectación al hígado), resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Además, la ingesta reiterada de este compuesto puede producir cáncer, agregó.

"Por eso, a fin de prevenir daños irreparables a la salud, el aceite debe ser desechado después de utilizarse en la elaboración de comidas", dijo Crisólogo Cáceres, presidente de dicha organización.

Aspec lamentó que KFC haya colocado avisos publicitarios encima de los carteles en los que se informaba a los consumidores que el local había sido sancionado por la autoridad edil de modo tal que la población siguió comprando.

Cáceres explicó que estos hechos implican una violación de varios derechos de los consumidores. "Se trasgrede el derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, salud e integridad física", indicó.

También se viola su derecho a acceder a información oportuna y veraz para tomar una decisión de consumo adecuada. Igualmente se ignora el derecho de los consumidores de recibir productos y servicios idóneos.

Finalmente, Aspec dijo que se deja de lado el derecho a la seguridad de los consumidores por cuanto los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar riesgo injustificado o no advertido para ellos y el derecho a la inocuidad de los alimentos que se ofrecen en el mercado, de conformidad con la legislación sanitaria.

"Son muchos los derechos violados por la empresa que, lejos de pedir disculpas públicas o informar sobre las medidas correctivas que adoptará, continúa operando en el mercado como si nada hubiera sucedido", acotó Cáceres.