El Consejo de la Prensa Peruana presentó un informe mensual de libertad de expresión del mes de julio y destacó varios casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Entre ellos se encuentra el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Dicho documento indica que el legislador denunció a dos periodistas por “difamación” y le exige el pago de 100 mil soles por mencionar que “es uno de los políticos que más avergüenza al Cusco” tras revelaciones.

“El congresista y expresidente del Parlamento, Alejandro Soto, se ha convertido en uno de los funcionarios públicos más hostiles contra la prensa. A sus demandas por motivos descabellados reglaje y por ver “truncado su destino” producto de comentarios de periodistas - se suman la falta de transparencia y afectación a la libertad informativa de los peruanos, actitudes que el Consejo de la Prensa Peruana rechaza profundamente”, se lee en el informe.

Además, expresidente del Congreso prohibió a los medios cubrir la última sesión de la Comisión Permanente del Parlamento, esto limitó el acceso a debates cruciales sobre el nuevo contralor de la república y la Mesa Directiva del Congreso.

Luego de su salida de la Mesa Directiva, Soto indicó que guardó silencio porque el periodismo “se dedicaba a cuestionar su vida personal”, pese a las denuncias en su contra.

“Decidí no ventilar mi vida en los medios de comunicación, porque se hablaba mucho que mi tesis de magíster y doctor de Derecho habían sido plagio, hasta ahora no se ha demostrado”, declaró a RPP.

Por otro lado, para el Consejo de la Prensa Peruana, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, “amenazó” con acciones legales a periodistas del medio Hildebrandt en sus 13, como César Hildebrandt y Ricardo Velasco, al informar sobre denuncias de presuntas irregularidades antes de su nombramiento como ministro.

“El Consejo de la Prensa Peruana alerta que funcionarios públicos de alto nivel -y aquellos que alguna vez lo fueron- han redoblado sus amenazas a la prensa, ante la mirada pasiva de instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial”, expresan.

Posteriormente, la asociación civil expresó su profunda preocupación por estas actitudes y señalan que funcionarios públicos de alto nivel están redoblando sus amenazas a la prensa sin la intervención adecuada de instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial.

Asimismo, resaltan la importancia de las denuncias periodísticas, citando el caso del periodista Iván Escudero, quien dejó de trabajar en Panamericana TV debido a inconsistencias en una denuncia de secuestro.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS